Las causas ocultas de la crisis humanitaria más grave del mundo en la actualidad

En Sudán, el enfrentamiento entre el ejército y las milicias ha provocado más de 11 millones de desplazados en menos de tres años.

Los desplazados por el conflicto llegan en grandes números a campos de refugiados como Al-Affad, en busca de alimentos y ayuda humanitaria. La imagen corresponde al 13 de enero de 2026. Foto: Getty Images

Alicia Campos Serrano (*) – The Conversation (**)

07.02.2026 02:01 Actualizado: 07.02.2026 02:01

A finales de la década pasada, las perspectivas de paz y democracia parecían mejorar en la región del Nilo Blanco. En Sudán, un movimiento ciudadano ayudó a derrocar la dictadura de Omar al Bashir después de casi 30 años en el poder. Sin embargo, en la actualidad, el país se encuentra dividido y es el epicentro de una de las crisis más graves a nivel global, según la ONU. Esta semana, Human Rights Watch describió la situación en Sudán como “la peor crisis humanitaria del mundo”, que ha generado más de 11,4 millones de desplazados –7 millones internos y 4,4 millones que han salido del país– en menos de tres años.

Los participantes en el conflicto

En abril de 2019, después de meses de manifestaciones populares contra el prolongado régimen autoritario de Omar al Bashir, el ejército, bajo el mando del teniente general Abdel Fattah al Burhan, derrocó al dictador y formó un Consejo Militar Transitorio. Más tarde, se estableció un Consejo Soberano integrado por civiles y militares, con el fin de preparar elecciones para un nuevo gobierno.

Un nuevo golpe militar en octubre de 2021 cuestionó la presencia civil en el Consejo, que se volvió completamente militar cuando el primer ministro Abdalla Hamdok lo dejó en 2022. Estas acciones provocaron fuertes protestas en las calles, que fueron reprimidas con dureza.

En abril de 2023, surgió el violento conflicto actual por el dominio del país entre exaliados: el ejército regular (Fuerzas Armadas de Sudán –SAF, por sus siglas en inglés–) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti. Las RSF provienen de la milicia paramilitar janjaweed, creada por Al Bashir durante la guerra de Darfur (2003-2020), que combatió junto al ejército contra el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.

Ambos bandos, respaldados por otras milicias locales, intentan sostener estructuras estatales en las áreas que controlan: las SAF en el este desde Puerto Sudán y las RSF en el oeste. Al mismo tiempo, tanto las RSF como las SAF han cometido masacres contra civiles, vistos como hostiles por motivos étnicos, como en el caso de poblaciones no árabes en Darfur y Kurdufán, en el este del país.

La más reciente de estas matanzas, considerada genocida, ocurre en el marco del asedio y ocupación de la ciudad de El-Fasher por las RSF desde octubre de 2025, donde se estima que decenas de miles de civiles han sido asesinados o han desaparecido.

Inclusión impuesta

El conflicto armado ha formado parte de la historia política de la región desde la independencia de Sudán en 1956. La primera guerra civil sudanesa (1955-1972) se centró en la independencia del sur, que se repitió entre 1985 y 2005 y llevó a la separación de Sudán del Sur en 2011.

Dos años después, estalló otro conflicto en Darfur, donde milicias de comunidades agrícolas se enfrentaron a las janjaweed, originarias de grupos ganaderos y respaldadas por el gobierno sudanés.

Una de las raíces de estos enfrentamientos es la integración obligada de diversas poblaciones y regiones en un sistema jerárquico y desigual. El dominio de la élite arabizada de la capital, Jartum, y la falta de políticas para redistribuir el poder y la riqueza han creado agravios profundos, a menudo interpretados en términos étnicos y explotados por élites alternativas.

La fragmentación y la división afectan incluso a los grupos en el poder. En Sudán del Sur, el movimiento independentista se dividió rápidamente entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y una facción opositora (SPLA In Opposition).

En este lugar y en muchas otras partes de África, un factor que intensifica la violencia en los conflictos sociales es la presencia de milicias locales armadas de diversos tipos, que forman coaliciones complejas con las fuerzas gubernamentales o contra ellas. Líderes políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, apoyan grupos armados paralelos a los ejércitos y policías nacionales, compuestos por jóvenes sin opciones vitales o económicas alternativas.

Por otro lado, la extracción y venta de recursos naturales en mercados globales es clave para sostener la guerra, aunque también se ha visto impactada por ella. En la región, las zonas de producción petrolera cruzan la frontera con Sudán del Sur, y el crudo se transporta por oleoductos hasta Puerto Sudán. Los destinos incluyen Malasia, Italia, China, Singapur y Alemania.

El principal beneficiario local del petróleo es el gobierno, junto con las grandes empresas operadoras de capital indio, chino, malasio y sudanés. En el caso del oro, extraído mediante minería artesanal, tanto las SAF como las RSF obtienen ganancias de su exportación, principalmente hacia los Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de la riqueza en minerales e hidrocarburos, el índice de desarrollo humano de Sudán es uno de los más bajos del mundo, ocupando el puesto 176 entre 193 países. Lejos de ser una contradicción, la abundancia de recursos valiosos por exportación contribuye al debilitamiento de la mayoría de la población y a la fragilidad de los acuerdos sociales. A su vez, la pobreza crea un entorno favorable para los grupos armados en disputa.

Aspectos geopolíticos del conflicto

Es notable que en Sudán se desarrollan guerras por proxy, donde rivales de otros conflictos se enfrentan de manera indirecta al respaldar a uno u otro lado.

El gobierno de Sudán del Sur, liderado por el SPLA, parece apoyar a las RSF, que han chocado directamente con las milicias opositoras del SPLA-IO. Esto no ha evitado un acuerdo entre todas las partes para que el ejército de Sudán del Sur asegure la neutralidad en la zona petrolera de Hegling.

El gobierno de Etiopía también ha intervenido financiando guerrillas contra el gobierno sudanés, al que acusa de haber apoyado a insurgentes en la guerra de la región etíope de Tigré (2020-2022).

El principal respaldo diplomático y militar para las SAF de Sudán proviene del gobierno de Egipto, que mantiene tensiones regionales con Etiopía por la construcción de la presa del Milenio en el curso superior del Nilo. Otros gobiernos de la zona, como los de Chad, la República Centroafricana, el Ejército Nacional Libio, Kenia y Uganda, además de Etiopía, han facilitado el suministro de armas a las RSF, e incluso tropas o entrenamiento militar.

Uno de los actores externos más importantes son los Emiratos Árabes Unidos, que importan la mayor parte del oro sudanés y son el principal proveedor de armas para las RSF. Por su parte, Irán, Catar, Arabia Saudí y Turquía se han alineado con el gobierno sudanés, aunque los dos últimos de forma menos abierta, y buscan actuar como mediadores en un posible acuerdo de paz.

Finalmente, varias potencias están involucradas en el conflicto de Sudán con posturas menos claras. Mientras Vladimir Putin respalda oficialmente a Puerto Sudán, también apoya grupos alineados con las RSF en áreas de producción de oro. Algo similar ocurre con China, que se declara a favor del gobierno sudanés pero produce armas que llegan a las RSF.

Washington ha tratado de desempeñar un rol clave en los esfuerzos por terminar el conflicto, liderando la iniciativa Quad en septiembre de 2025, propuesta por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos como camino hacia la paz, sin resultados significativos. Lo que sí ha tenido impactos devastadores para millones de refugiados es la reducción drástica de la ayuda humanitaria bajo la administración de Donald Trump.

Las causas y dinámicas del conflicto en Sudán son complejas y no surgen directamente de las estrategias y enfrentamientos entre potencias grandes o medianas. Sin embargo, actores locales y extranjeros buscan beneficiarse de una situación en la que millones de personas sufren violaciones sistemáticas de sus derechos. Los múltiples participantes internos y externos complican enormemente el éxito de las propuestas de acuerdo.