Agentes de ICE arrestan a 25 colombianos por día en EE.UU., aunque 4 de cada 5 carecen de cargos penales: ‘El trato es como en una prisión’

El 18 de septiembre de 2025, Ligia García, una colombiana de 54 años que solicitaba asilo en Estados Unidos y padecía hipertensión junto con discapacidad auditiva, acudió sin representación legal a un tribunal en San Francisco para resolver su situación migratoria después de haber ingresado 18 meses antes por la frontera sur. Sin embargo, al salir de la sala, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la esperaban para detenerla, una táctica que ha crecido desde el regreso de Donald Trump al poder un año atrás y que ha generado demandas por parte de grupos civiles.

La detención de García duró más de 24 horas en un centro de retención, lo que motivó una respuesta inmediata de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que inició una demanda colectiva para cuestionar las “condiciones inhumanas” que enfrentó. Ese mismo día, un juez dispuso su “liberación inmediata”, argumentando la “falta de argumentos válidos para su arresto” y que “no representaba ningún peligro para la sociedad”.

Un mes antes, el 7 de octubre, el colombiano John Jaime Holguín fue detenido por funcionarios migratorios en Orlando, a pesar de contar con una visa de turismo válida. “Llevo 105 días detenido”, relató desde un centro en Mississippi el 19 de enero a Caracol Radio. “El trato es como en una cárcel; siempre gritan todo el tiempo, se percibe mucha discriminación hacia todos los detenidos”, afirmó Holguín, quien insiste en que no cometió delito alguno y que su presencia era legal.

De acuerdo con el abogado y defensor de derechos humanos John Sánchez, este escenario revela un patrón evidente en el que individuos quedan atrapados en una política migratoria diseñada para arrestar a 3.000 migrantes diarios. “Cuando el Estado realiza detenciones masivas de personas sin condenas, el enfoque pasa de la ‘seguridad pública’ a un modelo donde la detención sirve como instrumento de control migratorio, con altos riesgos de errores, separaciones familiares y resoluciones apresuradas”, explicó Sánchez a este medio. Él es el CEO de la firma Immigration & Business LLC y trabaja con migrantes retenidos. “La mayoría son individuos sin delitos; presentamos recursos de habeas corpus y pedidos de fianza para buscar su liberación”, añadió.

Los colombianos arrestados por ICE en Estados Unidos

Con el avance de los meses, esta política ha demostrado que, en lugar de enfocarse en criminales, resulta en la detención de personas sin historial delictivo o con acusaciones por infracciones menores, lejos de lo que Trump describe como “lo peor de lo peor”. “Esa expresión es retórica política, no una descripción precisa del perfil de las detenciones. Con los datos disponibles, es difícil afirmar seriamente que se trata de ‘criminales peligrosos’, ya que el patrón incluye a gente que trabaja, tiene familia y cuyo principal problema es migratorio”, indicó Sánchez.

Las estadísticas lo confirman. Según datos del Proyecto de Datos de Deportación, analizados por este diario y que recopilan información del ICE, desde el 20 de enero de 2025 —cuando Trump inició su segundo mandato— hasta el 15 de octubre, se registraron 6.814 arrestos de colombianos por la agencia federal, un incremento del 46 por ciento en comparación con el mismo período de 2024, cuando hubo 3.161 detenciones. Esto equivale a un promedio de 25 colombianos arrestados diariamente por agentes migratorios en los primeros diez meses de la administración Trump. Anteriormente, la cifra era de 11 por día en promedio.

Esto posiciona a Colombia como la séptima nacionalidad con más arrestos por ICE, por debajo de Nicaragua (7.130), El Salvador (10.487), Venezuela (14.606), Honduras (24.296), Guatemala (31.231) y México en primer lugar (85.363). La mayoría (5.285) son hombres, mientras que las mujeres constituyen el 21 por ciento de los nacionales. El dato más destacado de esta base es que solo 1.201 colombianos tienen una condena penal; es decir, el 82 por ciento de los detenidos por ICE no poseen condena alguna, pero cuentan con un proceso judicial abierto (2.282) o ni siquiera eso (3.331).

Otro aspecto alarmante es que, en los primeros diez meses de 2025, 264 de los colombianos arrestados son menores de edad. De ellos, 17 fueron colocados en prisión preventiva, en contraste con solo cuatro en 2024. En ese sentido, el porcentaje de colombianos encarcelados entre enero y octubre de 2025 que son criminales convictos es de apenas el 8 por ciento (496), mientras que en el mismo lapso de 2024 era casi el doble, con el 15 por ciento (579).

Arrestos, ¿una táctica para impulsar deportaciones?

La situación en Colombia refleja la realidad general. Un informe del Cato Institute, un centro de estudios en Washington, indica que del total de detenidos por ICE entre octubre y noviembre de 2025, el 73 por ciento (44.882) no tiene antecedentes penales y solo el 5 por ciento (3.258) cuenta con condenas por cargos violentos, mientras que el resto involucra infracciones de tránsito, de propiedad u otros delitos menores.

A esto se agrega que, debido a los arrestos y el aumento de la población retenida, 32 personas bajo custodia de ICE fallecieron en 2025. En lo que va del año, se reportan 8 muertes, incluidas las de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Nicole Good, quienes fueron asesinados a tiros por agentes durante protestas contra redadas en Minneapolis.

Las deportaciones desde el interior de EE.UU., no en la frontera, se multiplicaron por más de 4,6 veces (de un promedio de 1.000 semanales en diciembre de 2024 a 6.000 en octubre). Un informe del Proyecto de Datos de Deportación señala que este aumento “no fue un efecto colateral, sino el resultado previsible de una política centrada en el interior del país”.

El informe destaca que el crecimiento se debe a que “ICE dejó de priorizar a personas con condenas penales y comenzó a detener masivamente a quienes tenían mayores probabilidades de permanecer legalmente en el país”. Esta paradoja surge de un cambio en el sistema donde “la detención dejó de ser una medida provisional y se convirtió en el principal mecanismo para asegurar la deportación”.

Desde el regreso de Trump, más migrantes eligen abandonar sus casos en lugar de permanecer detenidos, lo que se evidencia en el aumento de más de 21 veces en las salidas voluntarias, pasando de menos de 100 semanales en diciembre de 2024 a 1.000 en agosto, algo “sin precedentes en este siglo”, según los expertos.

El estudio sugiere que esta dinámica muestra que la coerción se ha convertido en la herramienta principal. Sánchez comparte este análisis y alerta que, al normalizar operativos en las calles, “el impacto se siente con más fuerza en comunidades hispanas/latinas, no por teoría, sino por realidad demográfica: son quienes más interactúan con puntos de control comunitarios, lugares de trabajo y redes familiares vulnerables a redadas”.

Así lo confirma un análisis de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), que detalla que la detención de inmigrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos. Se registró un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que ingresaron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, comparado con cerca de 900 al mes en el mismo período de 2024.

A pesar de que esta semana el gobierno anunció la retirada de 700 agentes de Minnesota como gesto para calmar las manifestaciones, las cifras indican una tendencia al alza que no parece frenarse. “No creo que aún hayamos visto el máximo de la política de Trump. Lo que estamos viendo es una ofensiva en expansión: más capacidad de detención, más operativos y más presión sobre comunidades”, apuntó el abogado, al destacar que la población actualmente detenida por ICE alcanza los 73.000, un récord en los 20 años de la agencia, pero aún por debajo de la meta de 100.000 que persigue la Administración y que parece encaminada a lograr.