Juez estadounidense detiene la deportación de la estudiante de doctorado propalestina Rumeysa Ozturk

El sistema judicial de Estados Unidos puso fin a uno de los casos más debatidos en los últimos meses relacionados con la inmigración, el antisemitismo y la libertad de expresión. Un juez de inmigración finalizó el procedimiento de expulsión contra Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado acusada por el gobierno federal por su activismo y posiciones sobre el conflicto en Gaza.

La decisión judicial llegó después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no presentara evidencia para respaldar la deportación de la académica. El caso se originó en septiembre de 2025, cuando el juez William Young, en una sentencia emitida en Boston, describió las acciones de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado como una “represión escandalosa y una supresión inconstitucional de la libertad de expresión”.

El magistrado indicó que la administración Trump se enfocó en estudiantes extranjeros que apoyaban a los palestinos durante la continuación de la guerra en Gaza, con el fin de silenciar las protestas estudiantiles propalestinas y generar temor entre los alumnos.

El contexto del caso

El asunto de Ozturk, nacida en Turquía y estudiante en la Universidad de Tufts, ganó atención pública tras la difusión de un video que capturó su detención en marzo de 2025. Las imágenes muestran a agentes rodeando a la joven cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras ella pedía ayuda a gritos.

En marzo, las autoridades de inmigración estadounidenses iniciaron arrestos y procesos de deportación contra estudiantes extranjeros que se oponían activamente a los ataques de Israel contra la población de Gaza.

Los arrestados no enfrentaron cargos criminales y permanecieron varias semanas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), frecuentemente en ubicaciones distantes de sus residencias.

El gobierno de Estados Unidos describió estos arrestos como una medida contra el antisemitismo y afirmó, sin evidencia, que los estudiantes promovían la violencia o respaldaban al grupo terrorista Hamás.

La administración incluso sostuvo que los estudiantes extranjeros no poseen los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses.

“Sí, los tienen”, afirmó Young en su fallo. “La Primera Enmienda no hace la distinción ingrata del presidente Trump y no se encuentra en nuestra historia o jurisprudencia”.

El juez citó el caso de Rumeysa Ozturk, la estudiante de posgrado en la Universidad Tufts en Boston, arrestada por agentes enmascarados fuera de su casa en marzo debido a un artículo de opinión que coescribió criticando la respuesta de la universidad a la guerra.

Ozturk estuvo más de seis semanas en una instalación del ICE en Luisiana hasta que un juez ordenó su liberación.

El juez también mencionó a Mahmoud Khalil, un exestudiante de la Universidad de Columbia y residente legal en Estados Unidos. Khalil, detenido desde marzo hasta junio, fue uno de los líderes más visibles de las protestas pro-palestinas en el campus.

Durante el proceso, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon que utilizaron listas preparadas por organizaciones pro-israelíes para seleccionar a quién arrestar, según indicó el juez.

Reacciones opuestas al veredicto

La resolución del tribunal de inmigración generó respuestas divididas. La abogada de la estudiante celebró el resultado como un logro del estado de derecho. Mahsa Khanbabai, especialista en inmigración, declaró a CNN que la decisión del juez representa “una poderosa afirmación de la justicia” y enfatizó que las leyes migratorias deben aplicarse con equidad.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional describió el fallo como un ejemplo de “activismo judicial”. Portavoces de la agencia insistieron en que el gobierno tiene la autoridad para determinar quién permanece en el país y advirtieron que la Primera Enmienda no debería servir como protección para lo que consideraron retórica antiestadounidense.

Ozturk expresó su alivio en un comunicado emitido este lunes. “Hoy respiro aliviada al saber que, a pesar de las fallas del sistema judicial, mi caso puede dar esperanza a quienes también han sido perjudicados por el Gobierno estadounidense”, afirmó la académica.

Actualmente, tras una decisión de un juez federal en diciembre, la estudiante ha reanudado sus actividades de investigación y enseñanza mientras resuelve los trámites administrativos derivados de la cancelación inicial de su permiso de estancia en el país.