
El sistema ferroviario de España “no es perfecto”, pero “es seguro”, afirmó este miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante una sesión en el Congreso relacionada con dos accidentes de tren que causaron 47 muertes a mediados de enero. En su intervención, prometió “justicia” por estos sucesos.
“Adoptaremos las acciones requeridas” para asegurar que tales incidentes “no se repitan”, declaró el dirigente socialista, aludiendo a tragedias que han generado interrogantes sobre la seguridad de los trayectos en tren en la nación.
“Deseo que sepan que el Estado en su totalidad está actuando y actuará con todos los recursos disponibles (…) para determinar las causas del suceso y, si es apropiado y necesario, aplicar justicia”, expresó Sánchez.
El 18 de enero por la tarde, dos trenes de alta velocidad que se aproximaban en la zona de Adamuz, Andalucía, en el sur del país, terminaron chocando después de que uno volcara sobre la vía adyacente, lo que resultó en 46 fallecidos.
Dos días más tarde, en Gelida, Cataluña, un descarrilamiento causado por el colapso de un talud sobre las vías provocó la muerte de un maquinista y la interrupción del servicio en la zona durante varios días.
España cuenta con una red ferroviaria de “15.700 kilómetros, lo que la posiciona como la quinta más amplia de Europa continental”, detalló Sánchez.
“De estos, 4.500 corresponden a alta velocidad, convirtiéndonos en la segunda nación del mundo en longitud de vías rápidas, solo superada por China”, agregó, mencionando que semanalmente más de 12 millones de individuos utilizan el tren.
“Considero igualmente crucial no desinformar a la población ni crear temor al afirmar que nuestro sistema ferroviario es obsoleto o riesgoso, ya que simplemente eso no es verdad”, afirmó Sánchez, reconociendo que “presenta deficiencias notables”, que “existe labor pendiente” y “mucho por optimizar”.
Su administración y los sindicatos del sector ferroviario acordaron el lunes fortalecer el mantenimiento de la seguridad en los ferrocarriles mediante mayores inversiones y contrataciones adicionales, entre otras iniciativas.
Específicamente, el gobierno se comprometió a asignar 1.800 millones de euros (2.145 millones de dólares) extras para el mantenimiento y a generar 3.650 empleos nuevos, según informó el ministerio de Transportes.
Este pacto permitió concluir, en su primer día, una huelga que se había programado para extenderse tres jornadas.
En su respuesta, el jefe de la oposición y del Partido Popular (PP, conservador), Alberto Núñez Feijóo, criticó al gobierno por “haber apostado a la ruleta rusa con nuestra protección”.
“Este era un incidente prevenible, no un desastre impredecible, y deberían haber venido a solicitar perdón y aceptar las repercusiones”, agregó, refiriéndose al suceso en Adamuz.
La comisión (Ciaf) que examina esta tragedia enfoca su investigación en la fractura de un raíl en el punto de una soldadura.
Para Santiago Abascal, dirigente del partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el parlamento, el gobierno de izquierda representa “una desgracia para los españoles” y los incidentes derivaron de “la corrupción”.
“Declaro con total claridad que Adamuz fue un delito y no meramente un accidente, señores, un delito que les pesará en sus conciencias y del que espero que respondan ante la justicia”, concluyó Abascal.
Las inquietudes respecto a la red ferroviaria española emergen en un período en que Sánchez enfrenta varios casos de corrupción en su entorno cercano, lo que ha debilitado su coalición minoritaria frágil.
Los socialistas experimentaron una derrota significativa en las elecciones regionales del domingo en Aragón, después de registrar en diciembre los peores resultados regionales históricos en su antiguo bastión de Extremadura.
En ambos comicios, el PP triunfó, mientras que Vox logró avances considerables.






