Donald Trump genera controversia en el debate electoral de EE. UU. al proponer ‘nacionalizar’ las elecciones legislativas

Con las elecciones de mitad de período acercándose, el presidente Donald Trump ha causado revuelo al indicar que el gobierno federal, bajo su liderazgo, debería asumir el mando del proceso de votación y ‘nacionalizar’ el procedimiento.

Federalizar las elecciones en EE. UU. representaría un cambio sin precedentes

Esta mera sugerencia ha provocado una oleada de críticas en una nación que, durante los últimos 250 años, ha dejado ese control en manos de los estados y que aún no ha superado completamente las repercusiones del controvertido episodio de 2020, cuando el entonces presidente trató de anular su derrota alegando, sin evidencia, un fraude extendido.

En semanas recientes, Trump ha intensificado sus declaraciones. En un pódcast, afirmó que ‘los republicanos deberían apostar por tomar el control de las elecciones’ y que su partido ‘debería nacionalizar la votación’ al menos en una docena de jurisdicciones.

Un día después, la Casa Blanca aclaró que el presidente se refería al proyecto de ley SAVE, que requeriría pruebas documentales de ciudadanía para inscribirse como votante. Sin embargo, horas más tarde, Trump reiteró que su meta era ampliar el papel del gobierno federal y que los estados eran meros ‘agentes’ que debían seguir las directrices de la administración.

Las afirmaciones han reavivado un antiguo debate constitucional que, para muchos, ya estaba resuelto. El artículo I, sección 4, de la Constitución indica que los estados determinan los ‘tiempos, lugares y forma’ de realizar las elecciones, aunque el Congreso puede promulgar leyes para regularlas.

El documento no asigna ningún rol directo al presidente ni al poder Ejecutivo en la gestión de los comicios. En la práctica, EE. UU. funciona con un sistema altamente descentralizado donde los estados (y, en numerosos casos, los condados) deciden cómo se registran los votantes, qué identificación se requiere, qué equipos se emplean y cómo se cuentan los votos, siempre dentro del marco de leyes federales como la Ley de Derecho al Voto.

Según Barry Burden, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin-Madison y director de su Centro de Investigación Electoral, una federalización genuina sería un paso sin precedentes. ‘Sería un avance nunca antes visto ni considerado seriamente en la historia del país. Implicaría quitarles autonomía a los estados y obligaría al gobierno federal a desarrollar una infraestructura que actualmente no existe, desde un registro nacional de votantes hasta normas uniformes sobre residencia o inscripción en línea’, explica el experto.

Además, advierte que un sistema centralizado podría volverse vulnerable a amenazas de seguridad, a diferencia del modelo actual, cuya dispersión complica cualquier esfuerzo de manipulación a gran escala.

¿Cuáles son los motivos que Trump presenta para alterar la ley electoral?

Trump defiende su iniciativa con el argumento de la ‘integridad electoral’. Ha insistido en que inmigrantes indocumentados y no ciudadanos están votando de manera ilegal y que el gobierno debe prevenirlo.

En ese marco, impulsa el proyecto de ley SAVE, que obligaría a presentar prueba de ciudadanía al registrarse, impondría estándares nacionales más rigurosos de identificación con foto y restringiría prácticas como el voto por correo sin justificación. Sus aliados argumentan que se busca fortalecer la seguridad y la confianza pública en el sistema.

No obstante, expertos y auditorías estatales han refutado consistentemente la noción de un voto masivo de no ciudadanos. Stephen Richer, académico afiliado al Cato Institute y exfuncionario electoral en Arizona, indica que los mismos estados, muchos gobernados por republicanos, han llevado a cabo investigaciones exhaustivas que desmienten ese mito.

Por ejemplo, en Utah, tras revisar alrededor de 2,1 millones de votantes registrados, las autoridades identificaron a un solo no ciudadano confirmado que ni siquiera participó en las últimas elecciones. Idaho detectó 36 posibles no ciudadanos entre más de un millón de registros; Luisiana encontró 79 personas que habían votado en décadas recientes entre 2,9 millones de inscritos; Georgia identificó 20 posibles casos en un padrón de 8,2 millones de inscritos.

‘Estamos hablando de fracciones mínimas que, aunque deben corregirse, no cambian ni han cambiado los resultados. Pero exagerar esos números sí genera una erosión en la confianza del sistema electoral sin base empírica’, resume Richer.

Los republicanos temen perder el dominio del Congreso

La renovada campaña de Trump no surge de la nada. Dentro del Partido Republicano, ha aumentado la preocupación por una posible victoria abrumadora de los demócratas en las elecciones de noviembre, donde podrían perder el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso.

Algunos críticos perciben en el discurso de federalización un esfuerzo por establecer, desde ya, una narrativa de fraude que cuestione la legitimidad del proceso.

Las respuestas no se han demorado. Gobernadores demócratas han calificado la propuesta como un intento ‘antidemocrático’ de silenciar a los estados, y algunos republicanos también se han distanciado. El senador John Thune ha expresado que no apoya federalizar las elecciones, ya que se trata de ‘un asunto constitucional’, mientras que el senador Rand Paul recordó que la Constitución asigna claramente esa responsabilidad a los estados.

Otros, por el contrario, respaldan la agenda de la Casa Blanca bajo el estandarte de la integridad electoral.

¿Qué tan factible es que Trump consiga modificar las reglas electorales?

En términos prácticos, la posibilidad de que el presidente ‘asuma’ las elecciones es limitada. Órdenes ejecutivas previas en este ámbito han sido bloqueadas por los tribunales, y cualquier cambio estructural necesitaría una ley del Congreso y, probablemente, enfrentaría impugnaciones judiciales inmediatas.

La Constitución, según coinciden los especialistas, no concede al Ejecutivo la autoridad para administrar directamente los comicios.

Lo que sí parece probable es un incremento en la confrontación legal y política entre Washington y los estados conforme se aproximen las elecciones. Para Burden, esta discusión va más allá del aspecto técnico. ‘Puede sonar atractivo para algunos cuando su partido controla la Casa Blanca, pero el precedente quedaría para el próximo presidente. En un sistema basado en el equilibrio de poderes y el federalismo, la idea de nacionalizar las elecciones toca aspectos fundamentales’, afirma el experto.

A nueve meses de la apertura de las urnas, la interrogante no es solo si el gobierno federal puede o no tomar el control del proceso, sino qué impactos podría tener esta controversia en la confianza pública en uno de los fundamentos de la democracia estadounidense.