
La Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde el jueves a una propuesta que disminuye la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida promovida por el presidente Javier Milei que ahora pasará al Senado para su discusión.
El proyecto recibió 149 votos afirmativos y 100 negativos en la Cámara Baja, y pretende actualizar el régimen penal para menores establecido en 1980. Argentina posee la edad de responsabilidad penal más elevada en Sudamérica, donde la mayoría de las naciones la fijan en 14 años. En Brasil y Ecuador, es de 12 años, la más baja. De acuerdo con normas internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser juzgado por no considerárselo responsable de sus acciones.
El gobierno oficialista impulsó una intensa campaña en los medios, liderada por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el lema “delito de adulto, pena de adulto”. “Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, afirmó el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez durante la defensa de la iniciativa.
Parlamentarios de la oposición reprocharon que el gobierno acelerara el proceso en comisión, donde la mayor parte de los especialistas, incluidos defensores de la infancia de diversas provincias, se manifestaron en contra de los cambios. Además, pusieron en duda los plazos para adaptar las instalaciones penitenciarias antes de que la norma entre en vigencia, así como el presupuesto destinado, al que juzgaron insuficiente.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, expresó en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El discusión legislativa ocurre en un contexto de alta sensibilidad social debido a crímenes perpetrados por adolescentes que generaron amplia cobertura mediática. El caso más reciente tuvo lugar en diciembre en la provincia de Santa Fe, donde dos jóvenes de 14 y 15 años torturaron y asesinaron a puñaladas a otro de 15 años tras tenderle una emboscada en un galpón abandonado, con la colaboración de una chica de 16 años, quien fue la única detenida por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven fallecido y familiares de otras víctimas se congregaron frente al Congreso para demandar la sanción de una nueva ley penal juvenil que habilite el castigo en situaciones similares.






