‘Es necesario dialogar con Estados Unidos y otros aliados para respaldar la transición en Venezuela’: comisario europeo de democracia

Michael McGrath, comisario europeo para la Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores de la Unión Europea (UE), realizó una visita a Colombia con el fin de promover un acuerdo judicial que complemente la cooperación policial existente con Europol y facilite las investigaciones sobre delitos transnacionales.

En una entrevista con EL TIEMPO, McGrath destacó la importancia para la UE de respaldar una transición democrática en Venezuela, respetando la soberanía y el derecho internacional. También enfatizó la defensa del multilateralismo y los derechos humanos ante regímenes como los de Cuba y Nicaragua, y subrayó la necesidad de combatir la desinformación en el mundo digital a través de regulaciones y colaboración internacional.

¿Puede explicarnos el acuerdo entre Eurojust y el gobierno colombiano?

Como es conocido, estos asuntos tienen un carácter claramente transnacional. Las instituciones de Colombia y Europa han colaborado durante años, utilizando todas las capacidades disponibles. Ya existe una cooperación policial entre Colombia y Europol, pero creemos que es esencial avanzar en el ámbito de la cooperación judicial.

Hay una voluntad política evidente, pero también debemos garantizar que todos los aspectos jurisdiccionales se resuelvan adecuadamente. Ese es el papel de Eurojust como agencia de cooperación judicial de la Unión Europea. En ese contexto, hemos progresado en la elaboración de un acuerdo internacional entre las autoridades colombianas y Eurojust, y uno de los propósitos de mi visita es proporcionar el impulso político requerido para avanzar en esas negociaciones, coordinarnos con las autoridades colombianas y resaltar la relevancia de finalizar este acuerdo.

¿Qué componentes específicos incorpora este acuerdo, particularmente en relación con el crimen transnacional, que es una de las mayores inquietudes del país?

La Unión Europea tiene varios acuerdos de cooperación judicial en operación actualmente. Basándonos en nuestra experiencia, estos acuerdos ayudan a eliminar obstáculos que frecuentemente impiden el acceso a la justicia, ya sea por falta de coordinación o por retrasos excesivos. Además, permiten una colaboración mucho más estrecha entre las diversas autoridades judiciales, facilitando la comprensión de los marcos legales complejos y de las distintas jurisdicciones involucradas en la investigación y el procesamiento de delitos transnacionales.

¿De qué manera este acuerdo ayuda a mejorar la investigación y el procesamiento de delitos transnacionales en Colombia y en la Unión Europea?

Un aspecto fundamental es la opción de tener fiscales de enlace. En el caso de Colombia, esto permitiría una comunicación directa, de persona a persona, entre las autoridades judiciales colombianas y las europeas, simplificando la navegación entre sistemas jurídicos diferentes. Obviamente, esto conlleva cierta complejidad, ya que la Unión Europea incluye 27 Estados miembros y múltiples autoridades judiciales y policiales, pero los beneficios son evidentes y el interés mutuo en implementar este acuerdo es claro.

Somos conscientes de que Colombia se acerca a un ciclo electoral, lo que permite mantener el diálogo abierto y progresar en temas clave como la regulación y las reformas al sistema de protección de datos. Este elemento es crucial para desbloquear las negociaciones. Estamos muy cerca de lograrlo. De hecho, un acuerdo de adecuación podría firmarse antes de que todos los cambios estén completamente operativos, siempre que haya un calendario claro para la implementación de las reformas en Colombia.

¿Cuáles son los pasos adicionales que aún se necesitan por parte de Colombia?

Aún se requieren algunos pasos adicionales por parte de Colombia, especialmente en materia de protección de datos, así como la necesidad de tener un servidor completamente independiente dentro del sistema colombiano. Este es un punto clave que debe resolverse. Sin embargo, respetamos plenamente los esfuerzos realizados por las autoridades colombianas hasta ahora y no hay duda de que una cooperación fortalecida beneficia a todas las partes.

Recientemente visitamos la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, donde participan numerosos Estados miembros y observadores. La Unión Europea ha proporcionado apoyo directo para fortalecer las capacidades tecnológicas de Ameripol. Pero también es esencial la alineación de los estándares de protección de datos, particularmente para facilitar el intercambio de información entre las autoridades de América Latina y la Unión Europea.

¿Cuál es la posición de la Unión Europea respecto a una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Y cómo ve la transición democrática?

Desde nuestra visión, lo más relevante es que Venezuela progrese hacia una transición democrática completa que refleje la voluntad del pueblo venezolano. Todos los actores internacionales, incluidos los miembros del G7, operan de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La Unión Europea no reconoce la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro ni de su administración, debido a la falta de integridad en el proceso electoral. El pueblo venezolano merece un futuro mejor, uno genuinamente democrático. Creemos que debe haber una conversación con Estados Unidos y con otros socios internacionales para respaldar una transición democrática en Venezuela. Esto es, sin duda, lo que más beneficia los intereses del pueblo venezolano.

Además, hay múltiples oportunidades bilaterales y multilaterales para que una nueva administración en Venezuela coopere con la comunidad internacional.

¿Qué riesgos identifica para la democracia en América Latina cuando potencias externas actúan de manera unilateral en asuntos internos de estados soberanos? No solo en Venezuela, sino en amenazas previas de Estados Unidos contra Colombia o México

Hemos sido muy claros en que todos los actores deben operar de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Dicho esto, también reconocemos que el régimen de Maduro no es democrático ni legítimo y que no tenía derecho a perpetuarse en el poder.

Creemos firmemente en el multilateralismo y en que las organizaciones internacionales son el mejor medio para manejar este tipo de situaciones. Respetamos la soberanía y la integridad territorial de los Estados, pero también reconocemos la complejidad del caso venezolano, dado que el gobierno no actuaba en beneficio de su población. Lo más importante ahora es acompañar una transición hacia una democracia plena.

¿Cómo debería proceder la comunidad internacional ante regímenes como los de Cuba o Nicaragua? ¿Cuál es su rol en estos escenarios?

La Unión Europea continuará defendiendo los valores que la fundamentan: la democracia, el Estado de derecho, el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos. Hemos observado en diversas regiones del mundo cómo la ausencia de estos valores genera un alto costo para los ciudadanos.

Las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, juegan un papel central a través de sus resoluciones y del trabajo del Consejo de Seguridad. Debemos seguir fortaleciendo estas instituciones para que cumplan con su propósito. Desde la perspectiva de la Unión Europea, la defensa del multilateralismo y de los valores democráticos es esencial.

Un aspecto adicional muy importante es el apoyo a los derechos humanos. Incluso en países que no son democráticos, la Unión Europea respalda a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones que trabajan en este ámbito. En muchos casos, somos uno de los principales donantes, porque creemos que este apoyo puede generar cambios positivos a largo plazo.

En una época de desinformación masiva, ¿cómo aborda la Unión Europea este desafío?

Nos concentramos en proteger la integridad de la democracia en Europa. Contamos con sistemas sólidos, pero también reconocemos la presencia de riesgos crecientes, como la interferencia extranjera, incluida la rusa. Debemos hallar un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la necesidad de responder a campañas de desinformación orquestadas, especialmente por actores externos.

La Unión Europea ha desarrollado herramientas legales como la Ley de Servicios Digitales, que permite mitigar estos riesgos y proteger los procesos electorales. Además, contamos con una Ley de Inteligencia Artificial, que entrará plenamente en vigor, y con sistemas judiciales independientes que garantizan la protección de los derechos ciudadanos, también en el entorno digital.

¿Cuál es el rol de las plataformas digitales en la lucha contra la desinformación?

Las plataformas digitales son fundamentales hoy en día, especialmente porque los jóvenes consumen información principalmente a través de ellas. Los algoritmos influyen directamente en el contenido que las personas ven, por lo que es necesario un marco regulatorio equilibrado que evite la amplificación indebida de ciertos contenidos en detrimento de otros.

Defendemos el uso cuidadoso y legal de herramientas regulatorias, siempre respetando la libertad de expresión. Al mismo tiempo, exigimos transparencia sobre cómo se toman las decisiones de moderación y amplificación de contenidos. La Ley de Servicios Digitales incluye acciones concretas contra grandes plataformas tecnológicas para proteger la integridad de los procesos democráticos.

En 2026 habrá elecciones clave en América Latina. ¿Cómo combatir la desinformación en una región con menor regulación?

La Unión Europea no impone modelos a otras regiones, pero sí puede compartir su experiencia. Estamos abiertos al diálogo bilateral con los países de América Latina que lo deseen, para intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Idealmente, debería haber un consenso global sobre la regulación de las grandes plataformas tecnológicas, pero defendemos el derecho de cada región a construir una regulación equilibrada acorde con sus contextos.

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