Trump Revoca Regulación Científica contra el Cambio Climático y Amenaza la Estabilidad Mundial: Impactos en la Salud Podrían Causar hasta 58.000 Muertes Prematuras

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha implementado medidas que han impactado tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, como la aplicación de aranceles internacionales, la salida de entidades globales y la eliminación de iniciativas de ayuda humanitaria. No obstante, una de las acciones con posibles consecuencias más extensas y permanentes es la revocación de la llamada “constatación de peligro”.

Para numerosos especialistas, esta medida va más allá de un simple ajuste en las políticas y podría representar el golpe definitivo a la estructura legal que ha respaldado los esfuerzos contra el cambio climático por casi dos décadas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA), junto con el presidente, anunció esta semana la anulación del informe científico y legal de 2009 que determinaba que el dióxido de carbono, el metano y otros gases de efecto invernadero constituyen un riesgo para la salud pública y el bienestar humano.

Este hallazgo, denominado en inglés como “endangerment finding”, sirvió como base para que la EPA impusiera restricciones a las emisiones bajo la Ley de Aire Limpio, aplicando límites a automóviles, centrales eléctricas, pozos de petróleo y gas, y otras fuentes principales de contaminación climática en el país.

Trump describió esta acción como “la mayor iniciativa desregulatoria en la historia de Estados Unidos”. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, argumentó que el hallazgo había sido empleado por las administraciones de Barack Obama y Joe Biden para promover una agenda izquierdista en temas climáticos, incluyendo la promoción de vehículos eléctricos que, según él, limitan la libertad de los consumidores.

Consecuencias para la Salud y el Entorno

Las implicaciones de esta decisión superan las regulaciones sobre vehículos. Durante casi 17 años, la “constatación de peligro” ha sido el fundamento legal para todas las normativas federales orientadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin ella, la EPA carece de base para controlar las emisiones de CO2.

De acuerdo con proyecciones del Fondo de Defensa Ambiental, citadas por The New York Times, esta medida podría generar hasta 18.000 millones de toneladas métricas adicionales de emisiones en la atmósfera para 2055, lo que equivale a casi el triple de las emisiones de Estados Unidos del año pasado. El mismo estudio indica que este incremento podría resultar en hasta 58.000 muertes prematuras y 37 millones de ataques de asma adicionales en las próximas décadas.

Impactos en la Economía

Según el grupo de investigación Climate Central, los desastres climáticos relacionados con el calentamiento global generaron daños por 115.000 millones de dólares en 2025. El economista Derek Lemoine, de la Universidad de Arizona, ha calculado que el alza en las temperaturas y los fenómenos extremos ya han disminuido en promedio un 12 por ciento los ingresos netos de los estadounidenses. Ignorar estos gastos, según el experto, es como considerar los beneficios de la regulación como inexistentes, a pesar de la evidencia contraria.

El Cambio Político en Estados Unidos

Esta medida representa una ruptura en el panorama político. Aunque las posturas sobre cómo abordar el cambio climático han diferido entre partidos, ningún presidente había intentado eliminar el respaldo científico que permite al gobierno federal regular estos contaminantes. La “constatación de peligro” surgió después de un fallo clave de la Corte Suprema en 2007 (Massachusetts v. EPA), que estableció la autoridad de la agencia para regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.

En 2021, al cierre del primer período de Trump, incluso su propia EPA rechazó solicitudes que cuestionaban la base científica del hallazgo, calificándola como “robusta, voluminosa y convincente”. En 2023, la Corte Suprema declinó revisar un desafío legal de grupos conservadores.

Sin embargo, la composición actual de la Corte, con mayoría conservadora, ya ha restringido la capacidad de la EPA para regular emisiones de plantas eléctricas. Si respalda el argumento jurídico de la administración —que el Congreso nunca pretendió que la Ley de Aire Limpio cubriera gases de efecto invernadero— el impacto podría ser duradero.

Como señaló Jeff Holmstead, exfuncionario de la EPA bajo George W. Bush, si los tribunales validan el razonamiento para revocar la constatación, “ninguna EPA futura podrá regular las emisiones de CO2”.

Posible Permanencia y Efectos en los Estados

Este panorama tendría repercusiones significativas. A diferencia de otras políticas de Trump que podrían revertirse con un nuevo Congreso o presidente, una aprobación de la Corte Suprema bloquearía regulaciones federales futuras sobre emisiones, salvo que el Congreso apruebe una ley específica, lo cual parece improbable en el corto plazo.

Además, podría influir en la habilidad de los estados para establecer sus propias reglas. Por ejemplo, California ha sido pionera en estándares más rigurosos de emisiones, y otros estados suelen adoptar enfoques similares. Si el tribunal falla a favor de Trump, estos estados perderían parte del soporte legal para implementar sus normativas de control de emisiones.

Efectos en Cascada a Nivel Internacional

Como el segundo emisor más grande de gases de efecto invernadero en la actualidad y el principal responsable histórico desde la Revolución Industrial, Estados Unidos juega un rol clave en los objetivos y compromisos globales contra el cambio climático.

Un Estados Unidos sin regulaciones podría motivar a otros países a suavizar sus estándares para mantener la competitividad económica frente a una nación con menos restricciones ambientales. Al mismo tiempo, en una era donde la transición energética progresa en Europa y Asia, quedarse atrás en tecnologías limpias podría generar costos económicos sustanciales a largo plazo.

Organizaciones ambientalistas, la Asociación Americana del Pulmón y gobernadores demócratas han anunciado demandas judiciales. “No hay forma de conciliar esta decisión con la ley, la ciencia y la realidad de desastres que nos afectan cada año con mayor intensidad”, afirmó Abbie Dillen, presidenta de Earthjustice.

Todo apunta a que el conflicto se resolverá en los tribunales. La cuestión central es si esta acción es solo otro giro en el vaivén político de Estados Unidos o un punto sin retorno. Si la Corte Suprema apoya a la administración, la eliminación de la “constatación de peligro” no sería mera reversión regulatoria, sino una reestructuración del rol del gobierno federal ante el cambio climático, con efectos imprevisibles a nivel local e internacional.