
Expertos consultados por EL TIEMPO indican que el periodo de inestabilidad podría tener repercusiones a nivel regional.
Por Camilo A. Castillo, subeditor de la sección internacional. Publicado el 17 de febrero de 2026 a las 23:30, actualizado a las 23:30.
A solo cuatro meses y una semana de haber tomado el mando de Perú, José Jerí fue removido ayer por el Congreso mediante un proceso de juicio político acelerado, en el que se agruparon y votaron siete mociones de censura contra él por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el puesto. Su periodo, que finalizaba en julio, se centraba en asegurar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 12 de abril. El ahora exmandatario había sucedido el 10 de octubre a Dina Boluarte, quien también fue removida en un juicio político rápido por “incapacidad moral permanente”.
Esta moción de censura no se puede ver de forma aislada, ya que forma parte de la grave crisis institucional que afecta a Perú desde las elecciones de 2016, un tiempo caracterizado por el continuo conflicto entre un Parlamento dividido que ha empleado esta herramienta constitucional como instrumento político contra un Ejecutivo debilitado. Con la remoción, aprobada por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el político de 39 años se transformó en el séptimo presidente peruano en una década.
Jerí fue removido mientras la fiscalía lo indagaba por dos casos de supuesto tráfico de influencias. El primero surgió después de que se revelara que el 18 de enero se reunió en secreto con el empresario chino Zhihua Yang, quien realiza negocios con el Estado, en un contexto en el que Estados Unidos emite alertas sobre las relaciones con Pekín. Según los reportes, el presidente acudió al encuentro con el rostro cubierto, aunque más tarde negó haber incurrido en alguna irregularidad.
Su posición se agravó cuando medios peruanos divulgaron que, a principios de febrero, al menos cinco profesionales de entre 29 y 38 años consiguieron contratos en diversas entidades públicas poco después de encontrarse con el exmandatario. Algunas de esas visitas se produjeron en días festivos y por la noche. De acuerdo con la prensa, una de las personas pasó toda la noche de Halloween en la sede presidencial y solo salió al día siguiente.
A esto se añadió un tercer escándalo que emergió este lunes, cuando un nuevo testimonio conectó al ahora exmandatario con una denuncia de violación que había sido archivada previamente por la Fiscalía. Aunque la investigación se cerró en agosto de 2025, al considerarse que no había pruebas, una jueza a cargo del caso dispuso que Jerí se sometiera a terapia para abordar una presunta patología psicosexual, medida que el exmandatario no cumplió alegando que nunca fue notificado.
“Ha decepcionado al congreso por los errores que ha cometido, el congreso se equivocó al elegirlo y podemos corregir el error”, expresó el legislador derechista Jorge Marticorena durante el debate. “Este presidente no sirve, tenemos hartas cifras de sicariato y homicidios, las cifras no han bajado”, manifestó, por su parte, la izquierdista Susel Paredes.
Para Luis Solari, ex primer ministro de Perú, la inestabilidad se debe a la falta de preparación y solidez moral de muchos líderes. “Son personas que llegan al poder y no tienen la capacidad de decir ‘no’ a actos inmorales, básicamente a actos de corrupción. Un candidato necesita estabilidad psicológica y familiar, trayectoria de integridad moral y que su partido no esté involucrado en irregularidades”.
Además, el académico destaca que el escaso interés que genera la política entre los ciudadanos, a la que ven como corrupta, empeora la situación. “En Perú no tenemos lo que existe en Europa o América del Norte: una sociedad civil fuerte que funcione como contrapeso. Esto genera apatía y reduce el control social efectivo sobre los dirigentes”, agrega.
Sin embargo, el analista político Augusto Álvarez indica que la remoción de Jerí también se relaciona con intereses electorales. “Tener un nuevo relevo en la presidencia no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país. Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en las elecciones del 12 de abril”.
Álvarez alerta que la Constitución peruana ha concedido demasiado poder al Congreso, que inicialmente servía como contrapeso al Ejecutivo, pero que ahora se usa frecuentemente con fines personales. En particular, la figura de la “vacancia por declaración de permanente incapacidad moral”, establecida en el artículo 113 de la Carta Magna, ha sido clave en la caída de varios mandatarios recientes.
Esta figura, que tiene sus orígenes en la Constitución de 1839 y originalmente se interpretaba como “incapacidad mental o física grave para ejercer el cargo”, ha sido reinterpretada en los últimos años debido a la falta de precisión legal y ahora se aplica como un mecanismo político recurrente, ligando la destitución de presidentes a criterios éticos y de conducta.
Desde el punto de vista económico, Eduardo Ruiz, analista de Control Risks para la Región Andina, señala que la inestabilidad política no impacta de forma significativa la economía peruana. “El año pasado el PIB creció 3,23 por ciento, mientras que el de Colombia fue del 2,7 por ciento. Esto se mantiene en varios indicadores y se explica en parte por la independencia del Banco de la República, que ha logrado mantenerse al margen de la política”, dijo.
No obstante, Ruiz advierte sobre la volatilidad electoral y la falta de un panorama claro para los próximos años. “Hoy no hay un candidato claro y la fragmentación es tan alta que el voto en blanco podría alcanzar hasta el 30 %. Esto dificulta anticipar el resultado de las elecciones”, añade.
De hecho, coincide con Solari en que la sociedad civil está dejando de cumplir un rol esencial en la vigilancia del poder. Los analistas acuerdan que la salida de Jerí no soluciona los problemas estructurales del país y que la ausencia de liderazgo estable, la debilidad institucional y la fragmentación política mantienen a Perú en un ciclo de incertidumbre sin solución aparente en el corto plazo.
La inestabilidad actual inició cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder. Su mandato terminó en marzo de 2018 con una renuncia antes de que se aprobara su vacancia, en medio de acusaciones de sobornos, corrupción y vínculos con Odebrecht. Fue sustituido por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien gobernó en un fuerte enfrentamiento con el Congreso y fue destituido en noviembre de 2020 bajo la figura de “incapacidad moral permanente”.
Su sucesor, Manuel Merino, dimitió tras cinco días de protestas masivas y la muerte de dos civiles en las calles. El Congreso designó entonces a Francisco Sagasti como presidente de transición para completar el período 2016-2021 y liderar el proceso electoral.
En 2021, en elecciones presidenciales, fue elegido Pedro Castillo, cuyo gobierno se vio marcado por constantes conflictos con el Congreso y denuncias de corrupción. En diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso antes de que se votara una moción de vacancia en su contra, una acción considerada inconstitucional que aceleró su destitución y detención. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, tomó el poder en medio de protestas y una profunda crisis de legitimidad que duró hasta su salida en octubre de 2025.






