Estados Unidos puede ahora detener sin opción a fianza a inmigrantes en trámites de deportación, independientemente de los años vividos en el país

En una resolución de gran relevancia, un tribunal federal de apelaciones respaldó de manera significativa la política migratoria del presidente Donald Trump al aprobar la detención obligatoria sin audiencia de fianza para extensos grupos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación.

Con una decisión dividida de 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que cubre Texas, Luisiana y Misisipi, determinó que el gobierno tiene la capacidad de mantener en custodia a individuos clasificados como “solicitantes de admisión” mientras se resuelve su caso migratorio, aun si han residido en Estados Unidos durante años o décadas y carecen de historial criminal.

El fallo revierte órdenes de tribunales inferiores y contradice posturas de más de 300 jueces

Esta determinación anula decisiones de tribunales federales de menor instancia y va en contra de la posición adoptada por más de 300 jueces en todo el país, quienes en meses recientes habían calificado esta política como ilegal. Ahora, el conflicto entre tribunales allana el camino para que la Corte Suprema emita la decisión final.

La controversia se origina en julio de 2025, cuando Todd Lyons, director interino de ICE en ese momento, emitió un memorando que reinterpretaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), modificada en 1996 por la reforma conocida como IIRIRA.

El documento estableció que todos los “solicitantes de admisión” en proceso de deportación estarían sujetos a detención obligatoria según la sección 235(b) de la ley. Esta categoría abarca no solo a quienes son detenidos en la frontera, sino también a cualquier persona presente en Estados Unidos que nunca haya sido formalmente “admitida” bajo la legislación migratoria.

Esto incluye, por supuesto, a aquellos que cruzaron sin inspección, pero también a quienes entraron bajo parole humanitario, una medida que permite la entrada temporal pero no equivale a una admisión legal.

En la práctica, esto implica que miles de inmigrantes, incluidos aquellos sin antecedentes penales y con muchos años en el país, perderían el derecho a pedir libertad bajo fianza ante un juez migratorio.

Cambio en prácticas históricas

Durante casi tres décadas, tanto administraciones republicanas como demócratas habían permitido que inmigrantes arrestados en el interior del país solicitaran audiencias de fianza bajo otra sección de la ley (la 236), reservando la detención obligatoria principalmente para quienes eran interceptados en la frontera o poco después de ingresar.

Sin embargo, el memorando de Lyons rompió con esa costumbre. La respuesta fue inmediata: en aproximadamente 3.000 casos, más de 350 jueces federales fallaron en contra de la política de detención obligatoria, argumentando que el gobierno estaba imponiendo una interpretación novedosa del estatuto.

El argumento principal de los demandantes era técnico pero esencial. Aunque la ley define a estas personas como “solicitantes de admisión”, la cláusula de detención obligatoria aplica, según su interpretación, a quienes estén activamente “buscando admisión”, es decir, en la frontera o puerto de entrada.

En el caso revisado por el Quinto Circuito, los dos demandantes, mexicanos que ingresaron en 2001 y 2009 respectivamente, alegaron que no estaban “buscando admisión” sino defendiendo su permanencia ante una orden de deportación.

La mayoría del panel rechazó ese argumento. La jueza Edith Jones afirmó que, mientras el proceso esté pendiente, la persona sigue siendo, por definición legal, un solicitante, y comparó la situación con la de alguien que aplica a una universidad: enviar la solicitud no significa que se haya dejado de aspirar a ingresar.

Para la mayoría, el texto de la ley respalda al gobierno, y las prácticas previas más flexibles no limitan la autoridad que el Congreso otorgó inicialmente en 1996.

En su disidencia, la jueza Dana Douglas advirtió que la interpretación de la mayoría carece de precedente histórico y borra una distinción clave en el derecho migratorio estadounidense. Además, recordó que la gran mayoría de los tribunales había rechazado la posición del Ejecutivo.

Implicaciones y críticas

Críticos argumentan que el fallo abre la puerta a la mayor expansión de la detención migratoria en la historia del país. Datos recientes indican que cerca del 75 por ciento de los inmigrantes detenidos actualmente no tienen condenas penales.

Organizaciones de derechos civiles alertan sobre el impacto humanitario, particularmente en un sistema ya sobrecargado por el hacinamiento y denuncias de condiciones inadecuadas en centros de detención.

Los arrestos de ICE han aumentado desde que Trump regresó al poder. Esa razón, entre otras, ha sido clave en el arresto sin posibilidad de fianza de detenidos en la frontera. Con más de 13 millones de inmigrantes irregulares en el país, los recursos públicos debían enfocarse en capturar a recién llegados y encarcelar a quienes tienen historial criminal, en lugar de perseguir a personas que ya llevan décadas viviendo en el país y no representan un peligro inminente.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende la medida como una aplicación estricta de la ley y una herramienta esencial para asegurar que quienes enfrentan deportación no evadan el proceso.

El fallo del Quinto Circuito no resuelve el debate, sino que lo eleva. Otros tribunales de apelación podrían llegar a conclusiones diferentes, creando un conflicto que obligaría a la Corte Suprema a intervenir. De hecho, desde el viernes pasado, ya se han presentado casos en cortes que no siguen esa directriz.

La pregunta central es de amplio alcance: ¿Exige la ley, tal como fue reformada en 1996, que el gobierno detenga sin posibilidad de fianza a todo inmigrante que nunca haya sido formalmente admitido, sin importar cuánto tiempo haya vivido en el país?

La respuesta no solo determinará el destino de miles de personas en proceso de deportación, sino que también establecerá los límites del poder Ejecutivo en materia migratoria y creará un precedente que podría redefinir el equilibrio entre seguridad, debido proceso y discrecionalidad administrativa en uno de los temas más debatidos de la política estadounidense.