Asamblea Nacional de Venezuela pospone debate sobre proyecto de Ley de Amnistía y lo reanudará la próxima semana

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en su mayoría por el chavismo, aplazó este jueves la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, que otorgaría libertad a cientos de prisioneros políticos. El debate avanzó hasta el artículo 6, pero al llegar al 7, surgieron desacuerdos entre las bancadas, lo que llevó a la oposición, encabezada por Henrique Capriles, a solicitar el diferimiento de la sesión.

El artículo 7 indica que: La amnistía objeto de esta Ley, abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley.

Ante esto, el diputado Luis Florido solicitó una modificación al artículo, argumentando que “ponerse a derecho” implicaba aceptar responsabilidades por delitos que muchos prisioneros no han cometido. Por esa razón, y a pedido de la diputada opositora Nora Bracho, la discusión se pospuso hasta la próxima sesión, prevista para el jueves siguiente.

Liberaciones de presos políticos

La iniciativa de amnistía fue presentada por Delcy Rodríguez, encargada del Gobierno de Venezuela, y también responde a la persistente lucha de cientos de familiares de presos políticos que demandan la liberación de sus seres queridos.

Desde el 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que “un número importante” de prisioneros sería liberado. Hasta la fecha, se han excarcelado más de 300 personas, entre ellas opositores como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Dignora Hernández y María Oropeza. También se incluyen periodistas y defensores de derechos humanos que han sido liberados.

¿Qué dicen los defensores de derechos humanos?

La inquietud de los defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos radica en que, aunque Delcy Rodríguez aseguró que la amnistía abarcaría desde 1999 hasta el presente, hay un artículo que detalla los hechos específicos que se tomarán en cuenta.

Artículo 8. Se concede amnistía general a los delitos o faltas acaecidos en el contexto de los siguientes hechos:

1. El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
3. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero, marzo y agosto de 2004.
4. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.
5. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
6. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.
7. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017.
8. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.
9. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Para Andreina Baduel, hija del preso político fallecido en prisión, el general Raúl Baduel, y hermana de Josnars Baduel, quien se encuentra actualmente encarcelado, esta enumeración de hechos “dejaría por fuera a más de la mitad de los presos políticos”, incluyendo a su hermano. Baduel está sentenciado a 30 años de prisión por su involucramiento en la Operación Gedeón, un plan que intentó derrocar a Maduro en 2020 mediante el uso de mercenarios detenidos en las costas del país.

“Hay lapsos que nos preocupan. Se excluyen casos del 2018, 2020, 2021, 2022 y de 2023, por eso, de aprobarse la ley a espaldas de las víctimas quedarían más de la mitad de presos en cautiverio”.

Para Jackelin Sandoval, esposa de Rolando Guevara y abogada de Otoniel y Juan Guevara, encarcelados hace 20 años, de aprobarse la ley, ellos también quedarían excluidos de la amnistía.

Organizaciones de derechos humanos solicitan que la ley incluya a todos los prisioneros políticos.