Disminuyen los bombardeos de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico durante 2026: ¿están los carteles modificando sus trayectos?

En 2026, los bombardeos realizados por Estados Unidos contra supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico han experimentado una notable reducción en su frecuencia. Hasta ahora, en los primeros 45 días del año, solo se han reportado tres de estos incidentes. El más reciente tuvo lugar el 9 de febrero en el océano Pacífico, donde fallecieron dos individuos y se registró un sobreviviente.

Esta cantidad representa un contraste significativo con los 14 ataques de diciembre, los 7 de noviembre, los 11 de octubre y los 3 de septiembre, mes en el que se inició esta iniciativa bajo la administración de Donald Trump. Además, desde el 6 de noviembre no se han documentado más bombardeos en el Caribe, área donde comenzaron las operaciones y donde se concentra la mayor parte del despliegue militar estadounidense.

En total, se han confirmado 38 ataques, que han resultado en al menos 129 muertes. De estos, 25 ocurrieron en el Pacífico, 11 en el Caribe y 2 en ubicaciones no confirmadas. La campaña comenzó de manera oficial el 2 de septiembre, cuando la Casa Blanca declaró que Estados Unidos entraba en una nueva etapa de “conflicto armado” contra los carteles, los cuales, según el presidente Donald Trump, han causado “más muertes que Al Qaeda”.

Poco después, el Pentágono dispuso el envío de un grupo anfibio liderado por un buque de asalto, varios destructores equipados con misiles guiados, naves de soporte logístico y aviones de vigilancia marítima P-8 Poseidon, junto con drones de largo alcance. A esto se añadieron unidades de operaciones especiales y de la Guardia Costera, posicionadas en bases del Caribe y Centroamérica.

Funcionarios del Departamento de Defensa justificaron la escala del despliegue argumentando que el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos se ha vuelto más sofisticado y demanda “superioridad persistente” en aguas internacionales. “Estamos negando espacios marítimos a organizaciones que durante años han operado con impunidad”, expresó en octubre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en X.

Desde la Casa Blanca se enfatizó que la operación no solo apunta a interceptar envíos, sino también a “desmantelar redes” y transmitir un mensaje de disuasión, previo a una posible ofensiva mayor contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de facilitar el tráfico.

Explicación oficial y preocupaciones de los especialistas

Cinco meses después del comienzo de los bombardeos selectivos contra lanchas rápidas y embarcaciones sospechosas, la intensidad de estas acciones ha caído de forma marcada. Mientras que en los primeros cuatro meses se alcanzaron picos de hasta 14 bombardeos por mes, en las últimas seis semanas solo se han llevado a cabo tres.

Representantes de la administración atribuyen esta disminución a un impacto disuasivo. “Los carteles han detenido o reducido sus envíos marítimos por temor a ser destruidos. Cuando saben que vamos a responder con fuerza, se esconden”, declaró Trump recientemente al ser consultado sobre el asunto.

Altos oficiales militares, en conversaciones con medios estadounidenses, han proporcionado una explicación parecida, aunque con ciertas reservas. Uno de ellos indicó que el número de “contactos marítimos sospechosos” detectados por radares y patrullas aéreas ha descendido desde diciembre. Sin embargo, admiten que parte de esta reducción podría derivar de un ajuste táctico por parte de las organizaciones criminales, en lugar de una caída real en el flujo de drogas.

Analistas en Washington señalan indicios de un desplazamiento hacia rutas terrestres. Datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelan que las incautaciones de cocaína y metanfetaminas en la frontera sur no han bajado en proporción al declive de las operaciones marítimas. En algunos sectores, incluso han aumentado ligeramente en comparación con el mismo período del año anterior.

Expertos en seguridad destacan que, frente al mayor riesgo en las aguas del Caribe y el Pacífico oriental, los carteles podrían estar optando por corredores terrestres a través de Centroamérica y México, donde el control recae más en autoridades locales y donde los bombardeos no han sido una herramienta empleada hasta el momento.

Aunque Trump ha prometido que las siguientes acciones se dirigirán contra las rutas terrestres, estas no han iniciado aún, al menos no de forma pública.

En relación con la posible reducción neta del tráfico hacia Estados Unidos, las cifras disponibles presentan un escenario variado. Las sobredosis por cocaína y opioides sintéticos han mostrado una ligera tendencia descendente desde finales de 2024, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). No obstante, los expertos advierten que atribuir esta disminución solely a la campaña marítima sería prematuro, ya que el mercado de drogas en Estados Unidos es dinámico y responde a múltiples factores, como variaciones en la demanda, sustitución de sustancias y dinámicas internas de los carteles.

Límites financieros y estratégicos de la operación

La viabilidad a largo plazo de la operación plantea otro interrogante importante. Mantener un grupo naval de esa envergadura en despliegue constante implica costos elevados. Según estimaciones del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), operar un destructor de la clase Arleigh Burke puede costar entre 60.000 y 80.000 dólares por hora, incluyendo combustible, mantenimiento y personal.

Un grupo anfibio completo, como el actualmente desplegado, puede superar fácilmente varios millones de dólares al día. A esto se agregan los gastos por vuelos de aeronaves de patrulla y el soporte logístico en bases avanzadas.

Fuentes del Pentágono reconocen que el despliegue en el Caribe compite por recursos con otras prioridades estratégicas. Las tensiones recientes con Irán en el Golfo Pérsico han requerido un refuerzo naval en esa zona —de hecho, Trump ya amenazó con enviar un segundo portaviones— y existe la posibilidad de que Washington necesite activos adicionales para imponer o fortalecer un embargo petrolero, similar a los aplicados contra Venezuela y Cuba.

Un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso advierte que la demanda global de la Marina supera el número de plataformas disponibles, lo que obliga a priorizar los teatros de operación. “La Marina tiene una demanda global que excede su capacidad. Cada barco en el Caribe es un barco que no está en el Indo-Pacífico ni en el Golfo. Es un tema de prioridades”, explicó a este medio un experto con extensa experiencia en despliegues militares y combate al narcotráfico.

Además de los costos financieros, la campaña enfrenta críticas legales y diplomáticas. Naciones Unidas, otros organismos, ONG y congresistas estadounidenses han alertado que los ataques letales contra embarcaciones podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales si no hay un proceso judicial previo ni una amenaza inminente verificada.

La administración ha desestimado estas críticas y mantiene que actúa en legítima defensa dentro del marco de un conflicto armado contra organizaciones clasificadas como “narcoterroristas”.