Golpe judicial a Trump: un juez federal dispone el retorno a EE.UU. de ciertos venezolanos deportados de manera ilegal a El Salvador

Un juez federal de Estados Unidos dispuso el jueves que el gobierno de Donald Trump permita el regreso al país de algunos de los más de 130 venezolanos que fueron expulsados en marzo de 2025 a El Salvador, basándose en una ley de 1798.

Este fallo representa otro obstáculo legal para el presidente Trump, quien promueve una iniciativa contra los inmigrantes sin documentos. Diversos tribunales federales, incluida la Corte Suprema con mayoría conservadora, han suspendido temporalmente el uso de esta ley sobre “enemigos extranjeros”, aplicada hasta ahora solo en periodos de guerra, con el razonamiento de que las personas afectadas deben poder defender sus derechos.

Trump activó esta ley mediante una orden presidencial el 15 de marzo de 2025, dirigida contra la banda venezolana Tren de Aragua. Ese mismo día, se expulsó a El Salvador a unas 250 personas, en su mayoría venezolanos, de las cuales 137 enfrentaban acusaciones de pertenecer al grupo delictivo.

Los individuos expulsados fueron enviados a una megacárcel en El Salvador antes de su liberación en julio, como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, lo que permitió que muchos volvieran a este último país.

El 22 de diciembre de 2025, el juez federal de Washington James Boasberg determinó que la expulsión de esas 137 personas era ilegal y solicitó a la administración Trump que presentara opciones para facilitar el retorno de quienes lo desearan.

Ante la ausencia de una respuesta, el magistrado ordenó este jueves que el gobierno traslade de vuelta a Estados Unidos a aquellos que lo pidan, o les permita presentar un recurso contra su expulsión de forma remota desde un país diferente a Venezuela.

“Consciente de las flagrantes violaciones de los derechos de los expulsados que los han conducido a esta situación, el tribunal se niega a dejarlos languidecer más en el atolladero sin solución que propone el gobierno”, indicó el juez Boasberg.

Las personas que opten por regresar serán detenidas inmediatamente por las autoridades de inmigración mientras se resuelve su caso, y podrían enfrentar una nueva expulsión si su apelación es rechazada, según precisó el fallo.

Sin embargo, el juez reconoció que el número de individuos que podrían retornar “probablemente sería muy reducido, si no nulo”, basándose en datos proporcionados por los demandantes.

Quienes se encuentren en Venezuela, cuyo total exacto se desconoce, quedan fuera de esta medida debido a la complicada situación tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, explicó el juez.

Boasberg ha manejado el caso desde las expulsiones del 15 de marzo de 2025 y, en abril, concluyó que existía una fuerte presunción de “desacato al tribunal” por parte de la administración Trump.