
La mayoría de los residentes en Estados Unidos habitan en regiones donde es permitido adquirir y usar marihuana. Hace 13 años, Colorado y Washington establecieron un hito al ser los primeros estados en aprobar el consumo recreativo de esta sustancia.
En la actualidad, la legalización representa la regla general en el país. De hecho, la mayor parte de los estadounidenses reside en áreas donde se puede comprar y consumir marihuana de manera legal, y el gobierno federal, ahora liderado por Donald Trump, ha apoyado esta dirección mediante reglas que intentan relajar las limitaciones a nivel nacional.
Sin embargo, lo que inicialmente se vio como un ensayo para desmantelar décadas de enfoques restrictivos ante una droga considerada menos dañina que otras, ahora se percibe como un posible equívoco.
Este martes, la junta editorial del New York Times, que en su momento respaldó firmemente la legalización, emitió una especie de admisión de error. Sin promover un retorno a la prohibición, el periódico acepta que numerosas proyecciones de hace una década fueron inexactas y reconoce que la marihuana se ha transformado en un asunto de salud pública que requiere un ajuste en la estrategia.
“En aquel entonces, describimos la adicción a la marihuana como un problema relativamente menor”, indica el editorial. “Hoy, está claro que esa evaluación fue incompleta”.
Las estadísticas justifican este giro en la perspectiva. En años recientes, el uso de marihuana en Estados Unidos ha crecido de forma notable. Según los datos más actuales de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, realizada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), el consumo de cannabis en el país se ha triplicado en los últimos 6 años, pasando de seis millones de usuarios diarios a 18 millones.
Este número contrasta con las cifras de inicios de los años 90, cuando solo un millón reportaba su uso. Por primera vez, según esta misma encuesta, hay más estadounidenses que consumen marihuana diariamente que los que consumen alcohol.
Este incremento no ha pasado desapercibido. Junto con la expansión del uso, han emergido inconvenientes que se subestimaron o pasaron por alto en las discusiones iniciales.
La adicción al cannabis, que por años se presentó como un suceso marginal, impacta hoy al menos a una de cada diez personas que lo consumen, una tasa comparable a la del alcohol.
Además, anualmente, alrededor de 2,8 millones de estadounidenses padecen el síndrome de hiperémesis cannabinoide, marcado por vómitos intensos y dolor abdominal, una condición poco familiar incluso para muchos profesionales médicos.
Los centros hospitalarios también registran un mayor número de casos de paranoia aguda y trastornos psicóticos relacionados con el consumo, al tiempo que en las vías públicas aumentan las inquietudes por la seguridad.
Se han vuelto más comunes los accidentes de tránsito involucrando a conductores bajo la influencia de la marihuana, un peligro que se añade al ya establecido problema de manejar ebrio.
El Times, en su editorial, enfatiza que volver a penalizar el consumo sería un error, particularmente debido al impacto desigual que tuvo la guerra contra las drogas en comunidades pobres, negras y latinas. No obstante, alerta que Estados Unidos excedió los límites al legalizar sin una regulación efectiva.
De acuerdo con el análisis, parte del inconveniente radica en el surgimiento de una industria comercial robusta. El mercado legal de la marihuana sobrepasó los 30.000 millones de dólares en ventas en 2024, una suma equivalente a los ingresos anuales de empresas como Starbucks.
Con este expansión, surgió también un grupo de presión cada vez más influyente que aboga por normativas más laxas y minimiza los riesgos del uso frecuente. Más de la mitad de las ventas, advierte el Times, proviene de apenas el 20 % de los consumidores habituales.
La fuerza del producto es otro elemento crucial. La marihuana de hoy difiere considerablemente de la de épocas anteriores. En los años 90, el contenido promedio de THC era alrededor del 4 %. Hoy, algunos productos exceden el 90 %, una concentración que eleva el riesgo de dependencia y problemas mentales.
“No es la marihuana de nuestros padres”, señala el diario, comparando el consumo con el de cerveza, de bajo contenido alcohólico, versus whisky.
Ante esta situación, el periódico sugiere no retroceder, sino progresar hacia lo que el académico Mark Kleiman denominaba “tolerancia a regañadientes”. Esto implica preservar la legalidad, pero establecer restricciones más rigurosas para mitigar los daños.
Entre las propuestas se incluyen impuestos federales al cannabis, similares a los del alcohol y el tabaco, con el fin de desalentar el uso excesivo; límites en productos con niveles extremos de THC; controles más estrictos sobre la publicidad y las afirmaciones médicas falsas; y una participación más activa del gobierno federal para prevenir una competencia por desregular la droga a nivel estatal.
“La idea central”, concluye el editorial, “es que una sociedad debe estar dispuesta a examinar el impacto real de cualquier gran cambio de política pública y a hacer ajustes cuando los hechos lo exijan. La desafortunada verdad es que la flexibilización de las políticas sobre la marihuana, en especial la decisión de legalizarla sin regularla adecuadamente, ha producido resultados peores de lo que muchos estadounidenses esperaban. Ha llegado el momento de reconocer la realidad y cambiar de rumbo”.
En el ámbito de la salud, entidades internacionales indican que varios países que relajaron sus políticas no evaluaron correctamente la carga para los sistemas sanitarios.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes coinciden en que el crecimiento del consumo ha superado la capacidad de los Estados para monitorear sus efectos, capacitar al personal médico y proporcionar tratamientos específicos para los trastornos relacionados con el cannabis.
En diversos países, destacan, la recopilación de datos epidemiológicos sigue siendo incompleta, lo que complica medir con exactitud el impacto real de los cambios regulatorios.
Europa ejemplifica este desafío. De acuerdo con la Agencia Europea de Drogas (EUDA), el cannabis continúa siendo la sustancia ilegal más consumida en el continente, con cerca de 22 millones de usuarios adultos en el último año.
Aunque el consumo general se ha mantenido relativamente estable, la preocupación se ha centrado en la potencia del producto. Datos oficiales revelan que el contenido medio de THC en la resina de cannabis se duplicó desde inicios de los años 2000, mientras que las flores disponibles en el mercado ilegal y semilegal son hoy mucho más potentes que hace dos décadas.
Las autoridades sanitarias europeas advierten que esta tendencia está ligada a un mayor número de consultas por ansiedad, psicosis aguda y dependencia, especialmente entre usuarios frecuentes.
En América Latina, donde los modelos de regulación son más recientes y menos orientados al comercio, los resultados son variados.
Uruguay, precursor en la legalización recreativa, consiguió reducir parcialmente el mercado ilegal y mantener estable el consumo entre adolescentes, según evaluaciones oficiales del gobierno y estudios regionales. Sin embargo, el uso entre adultos aumentó después de la regulación, y el Estado ha admitido la necesidad de fortalecer campañas de prevención y monitoreo en salud mental.
En otros países de la región, como Colombia, México y Argentina, el debate progresa de manera fragmentada, con enfoque en el uso medicinal y la despenalización, pero con capacidades limitadas para evaluar impactos sanitarios a largo plazo.
Ante este panorama, el debate global ha pasado de la legalización en abstracto a la calidad de la regulación. Informes de la ONU y de agencias regionales coinciden en que los modelos más permisivos tienden a concentrar el consumo en una minoría de usuarios intensivos, lo que amplifica los costos en salud pública.
Por ello, ganan terreno enfoques que combinan legalidad con controles más estrictos: límites a la potencia de los productos, restricciones a la promoción comercial, impuestos dirigidos a reducir el consumo problemático y un rol más activo del Estado en vigilancia epidemiológica y educación pública.
La experiencia comparada indica que el desafío mundial es similar al que enfrenta Estados Unidos: no revertir la legalización, sino corregir sus excesos antes de que los costos sanitarios superen los beneficios sociales prometidos.






