Los gastos ocultos en las deportaciones de inmigrantes a naciones terceras impulsadas por Donald Trump: millones en costos, mínimo control y tensiones diplomáticas

Las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos hacia países terceros, una táctica que ha aumentado bajo la presidencia de Donald Trump, no solo representan un alto costo financiero, sino que también generan preocupaciones sobre posibles evasiones de las leyes estadounidenses, falta de supervisión y acuerdos dudosos o presiones con gobiernos inestables y corruptos.

Estas son las conclusiones principales de un informe elaborado por el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que indica que estas deportaciones se han transformado en un enfoque central y transaccional de la política exterior del país. El documento revela que se han invertido más de 40 millones de dólares para deportar a 300 inmigrantes, con costos por vuelo que en ocasiones superan el millón de dólares por persona.

Informe del Senado destaca ineficiencias

El reporte de 30 páginas, presentado por los miembros demócratas del comité, afirma: “El sistema en expansión de deportaciones a terceros países resulta costoso, ineficiente y cada vez más distante de los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar la diplomacia estadounidense”.

De los 40 millones de dólares, al menos 32,3 millones se entregaron directamente a gobiernos para motivarlos a aceptar inmigrantes de otros países. Los naciones receptoras incluyen:

• Guinea Ecuatorial, con 7,5 millones de dólares.
• Ruanda, con 7,5 millones de dólares.
• Palau, con 7,5 millones de dólares.
• Esuatini, con 5,1 millones de dólares.
• El Salvador, con 4,76 millones de dólares.

El resto del monto se utilizó en vuelos para transportar a los inmigrantes a al menos diez países terceros (7,2 millones de dólares) y en gastos de hospedaje en una base militar en Yibuti (307.000 dólares).

El comité advierte que la cifra total podría ser superior, ya que no se incluyen gastos como horas de espera de aviones, reabastecimiento de combustible, pagos por repatriación o alojamiento en hoteles. Además, los vuelos, usualmente en aeronaves militares, cuestan alrededor de 32.000 dólares por hora, sumando al menos 7,2 millones de dólares para traslados a diez países.

De los 300 inmigrantes deportados a naciones que no son sus países de origen, 250 son venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025. Los otros 51, cuya nacionalidad no se especifica, fueron transferidos a Esuatini (15), Guinea Ecuatorial (29) y Ruanda (7).

Un ejemplo destacado es el de un ciudadano jamaiquino deportado a Esuatini en un vuelo que costó 181.000 dólares, solo para ser devuelto semanas después a Jamaica en otro vuelo pagado por el gobierno estadounidense, cubriendo más de 11.000 kilómetros.

Traslados cuestionados por su necesidad

Más allá de los costos, el informe pone en duda la necesidad de muchos de estos envíos. El Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que estas deportaciones son esenciales porque los países de origen se niegan a recibir a sus nacionales. Sin embargo, el comité concluye que esta afirmación no se respalda con la evidencia disponible.

En varios casos, los gobiernos de origen aceptaron el regreso de sus ciudadanos semanas o meses después de su traslado a un tercer país. En total, más del 80 % de las personas enviadas a un destino intermedio ya han regresado o están en proceso de volver a su nación original.

En otras instancias, las autoridades estadounidenses no solicitaron la documentación requerida a tiempo o no concedieron plazos suficientes para su tramitación. “Muchos podrían haber sido devueltos directamente a su país de origen si la Administración hubiera seguido los procedimientos habituales de expulsión”, indica el informe.

Como resultado, el gobierno terminó pagando dos veces: una por el traslado inicial a un tercer país y otra por la repatriación final. Según los senadores demócratas, esto sugiere que la política no surge de una imposibilidad real de repatriación, sino de una táctica de coerción hacia los inmigrantes. El documento cita declaraciones de funcionarios que describen el sistema como un “costoso mecanismo de intimidación” para disuadir solicitudes de asilo o fomentar la autodeportación.

Ausencia de supervisión y verificación

Otro hallazgo clave es la falta de control sobre el uso adecuado de los 32 millones de dólares destinados a asistir a los deportados. “No hay pruebas de que el Departamento de Estado esté monitoreando cómo se utilizan los fondos, siguiendo el trato a los deportados o haciendo cumplir los términos de los acuerdos”, señala el informe, destacando que las transferencias directas hacen casi imposible rastrear si el dinero facilita abusos, corrupción o detenciones arbitrarias.

Las preocupaciones no se limitan a los fondos. Muchos acuerdos incluyen compromisos generales sobre el respeto a los derechos humanos, pero el comité afirma que no existe un mecanismo claro para verificar su cumplimiento. En al menos un país, funcionarios estadounidenses informaron al Senado que recibieron órdenes de no seguir el trato recibido por los deportados.

En procedimientos judiciales mencionados en el informe, abogados del gobierno admitieron que Estados Unidos “no tiene la capacidad de decirle” a un tercer país qué hacer con las personas una vez que llegan. Además, el documento advierte que la Administración no es transparente con el Congreso ni con el público sobre el alcance de las negociaciones, que podrían involucrar concesiones adicionales, presiones comerciales como aranceles o compromisos paralelos para asegurar la cooperación de los países receptores.

En resumen, los senadores concluyen que estas deportaciones se han convertido en operaciones caras e ineficientes que financian a gobiernos corruptos sin la supervisión adecuada y, en algunos casos, eluden la legislación. Lejos de ser una medida excepcional, buscan generar impacto político y temor entre los inmigrantes, incluso si implica gastar decenas de millones en traslados que podrían evitarse.